Las circunstancias que rodean al 6D

Introducción

Venezuela se ha deteriorado en términos económicos y sociales como producto de una intervención extranjera controlada y planificada desde hace al menos 48 años. El Incidente de Machurucuto, ocurrido el 8 de mayo de 1967, fue un muy grave y violento evento, en el cual desembarcaron guerrilleros cubanos y venezolanos con la finalidad de derrocar al gobierno democrático de Raúl Leoni. El incidente fue presentado ante la OEA como un ejemplo de los intentos que Fidel Castro realizó para exportar la revolución cubana al resto de Latinoamérica. El Ejército Venezolano y la Guardia Nacional controlaron la situación, pero uno de los guerrilleros escapó, Fernando Soto Rojas, actual diputado por el partido del régimen, quien llegó a ser el Presidente de la Asamblea Nacional (AN) desde el 5 de enero de 2011 hasta el 5 de enero de 2012, siendo su predecedora Cilia Flores -actual esposa de Nicolas Maduro- y su Sucesor, Diosdado Cabello.

Acogiéndose a una política de pacificación, otros comandantes guerrilleros fueron distribuidos en diversas esferas de la sociedad venezolana, pero mantuvieron siempre estrecho contacto y alimentaron la infiltración del comunismo dentro de las instituciones democráticas. Esta conspiración culminó con la destitución del Presidente Carlos Andrés Pérez y dio paso a un período de transición, hasta que en 1998 el castrocomunismo se estableció con el ascenso al poder de Hugo Chávez, en la estructura del gobierno nacional.

Durante la elección de los diputados constituyentes en 1999 se violó el principio de la representación proporcional consagrado en la Constitución de 1961 al permitirse el uso del Kino o Morochas. De los 128 escaños, el oficialismo obtuvo 120 con el 52% de los votos, mientras que la oposición obtuvo sólo 6 y hubo 2 independientes, con el 48% restante. Las condiciones que llevaron a esa desproporción fueron publicadas y conocidas, pero la población no comprendió lo que esto significaba.

La resultante Asamblea Nacional Constituyente (ANC) redactó una nueva Constitución ceñida a tratados internacionales, pero además le fue permitido asumir funciones de gobierno, con lo cual emitió el Decreto de “Régimen de Transición del Poder Público”. Con ello, la ANC se auto-atribuyó competencia para designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este fue el comienzo de varias tomas ilegales que el oficialismo hizo del CNE, las cuales acabaron con la imparcialidad del organismo electoral. En el 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido designada a dedo por la ANC, nombró de forma irregular una directiva para el CNE, a favor del oficialismo. El CNE impuso desde 2004 un sistema computarizado de votación.

Es así que la ley electoral vigente hoy establece que el voto es electrónico y se almacena en una urna electrónica (Art. 133 LOPRE) aunque la Constitución Nacional ordena que los órganos del Poder Electoral se deben regir, entre otras cosas, por “la transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios” (Art. 294). Pero no existe transparencia alguna en un acto de votación si las boletas de papel sólo son comprobantes de votación y no tienen el valor del voto en sí. Además, los votos electrónicos son almacenados y contados mientras se efectúa el acto de votación, por lo que el Escrutinio desapareció y fue sustituido por un reporte de la máquina. Por lo tanto, este sistema de voto computarizado que se impuso en Venezuela, viola la Constitución vigente.

El artículo 63 de la Constitución Nacional, consagra el principio de la representación proporcional. Sin embargo, durante las elecciones legislativas de 2010 la oposición, que obtuvo el 52% de los votos, consiguió el 40% de los diputados, mientras que el oficialismo que obtuvo sólo el 48% de los votos, consiguió el 60% de los diputados. El resultado no proporcional se debe a la reorganización de las circunscripciones electorales por parte del CNE (Gerrymandering) y a la creación de circuitos plurinominales. (http://www.esdata.info/2010).

La manipulación de los circuitos electorales ha avanzado por parte del oficialismo, determinándose que para las elecciones legislativas del 2015, el partido del régimen tendría que alcanzar sólo un 25% de los votos válidos para lograr tener un 50% de los escaños.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 21), al Pacto de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 25) y al Pacto de San José de Costa Rica (Art. 23), los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus gobernantes mediante elecciones auténticas, esto es, libres, transparentes y justas. Un proceso controlado de pérdida progresiva del valor del voto para elegir, ha generado en Venezuela una Dictadura Electoral.

Desde hace 8 años hemos hablado y oído hablar de falta de transparencia y de fraude. En 2012, los integrantes de la ONG VotoLimpio, hallaron y difundieron documentos que demuestran lo que ha ocurrido y reúnen todos los necesarios elementos probatorios del más grave delito cometido contra el país.

El Acta de la Traición.

En el acta se estableció que el registro está conformado en fraude a la ley, que el CNE estaba en conocimiento de esta situación, y decidió que este doloroso hecho no afectaba los resultados electorales. Sus consecuencias se extienden a todas las elecciones posteriores. Está publicada en la web del CNE: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/auditorias/20120924_Evaluacion_Registro_Huellas.pdf

Este reconocimiento público de la aceptación de un registro conformado con fraude a la ley expone el problema medular. Ocurrió, sin lugar a dudas, un delito electoral que anula los sucesivos resultados electorales, fue conocido antes de las elecciones, y se decreta que tal delito carece de importancia: El CNE garante de que se cumpla la ley electoral sabe y acepta la ocurrencia de ese delito.

Véase pág 72: http://www.unidadvenezuela.org/wp-content/uploads/2013/05/RecursoContenciosoElectoral_02-051.pdf

La principal ONG de vigilancia electoral de Venezuela (SUMATE) conoció el asunto y publicó en noviembre 2012, que Fueron 1.513.164, el 8% del total de electores (18.903.143), cuya huella debía ser capturada el 7 de octubre de 2012. http://www.sumate.org/monitor/62/procesos.html

En base a información proveniente del CNE, se hizo público que el 07 de octubre del 2012 votaron 1.038.164 electores sin huella, es decir, se dio cualidad de electores, a quienes de pleno derecho carecían de ella. http://puzkas.blogspot.com/2013/05/cne-invirtio-bs-244-millones-en.html

Ningún esfuerzo ciudadano, electoral o no, tendrá posibilidad de superar la invasión cubana y la falta de legitimidad-independencia de los poderes al servicio de los invasores, mientras los individuos articulados con los comandantes guerrilleros antes enumerados estén en posición de evitar y prevenir su enjuiciamiento.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de San José, Tratados Internacionales de los que Venezuela es consignataria, establecen que participar en Elecciones Auténticas, es decir, libres, transparentes y justas es un Derecho Humano. Organizar elecciones donde no se cumplen ninguno de esos principios, es una violación a un Derecho Humano.

En el estricto sentido de la palabra, y la interpretación más formal del artículo 350, los ciudadanos venezolanos estamos obligados a desconocer al CNE, y estamos organizándonos para hacerlo.

Discusión

Acudimos ante las organizaciones internacionales, con el fin de alertarlos, pues no pueden ser Observadores de un proceso electoral en el cual los ciudadanos demócratas no tenemos un árbitro confiable que nos represente.

Hablar de una eventual observación electoral sin subsanar todas las fallas del sistema electoral que han sido implementadas durante años, sería generar una esperanza irresponsable en la ciudadanía, y lo más grave, sería sacrificar un valioso tiempo de organización ciudadana, depositando confianza en un evento externo que no puede cambiar la esencia del problema.

Amparados en el artículo 350 de la Constitución, desconocemos a quienes han hipotecado nuestra soberanía, colocándose al servicio de intereses extranjeros para manchar con implicaciones de corrupción y narcotráfico, el nombre de nuestra querida Patria.

Los que siguen compartiendo los mismos ideales castrocomunistas, pretenden perpetuarse mediante elecciones controladas y usan símbolos idénticos (banderas de 8 estrellas y escudo con el caballo a izquierda). Nuestro estandarte, en cambio, es el Tricolor de 7 Estrellas, el caballo blanco indómito y la recuperación de nuestra Libertad.

Conclusión

La mayoría de los venezolanos fue engañada por un proceso pernicioso que ha impedido la recuperación de nuestra soberanía y de nuestra libertad. Ante una situación de ilegitimidad como la descrita y la progresiva destrucción del derecho a tener Elecciones Auténticas, nosotros trabajamos para restituir la estructura de una verdadera oposición en lo interno, romper cualquier pacto que contravenga nuestros Derechos Humanos, y mostrar a lo externo una representación legítima de ciudadanos íntegros. Esa mayoría se organiza ahora en base a los diferentes grupos de Resistencia, con la finalidad de Salvar nuestros Votos ante el evento electoral que se avecina, e iniciar un proceso de recuperación de nuestra Libertad.

(documento entregado por Marvinia Jiménez en representación de SalvaTuVoto, a los Eurodiputados el 25 de julio de 2015)